La Fiscalía de la Nación vuelve a remecer el panorama político luego de formalizar una investigación preparatoria con base en las declaraciones de Jorge Barata del año 2018 en las que afirma haber entregado una donación en dólares, al entonces candidato al congreso, Luis Alva Castro, en el año 2006. Situación que engloba a diez militantes y en quienes caen diversas acusaciones, a la vez que pretenden incorporar al Partido Aprista Peruano como ‘’persona jurídica’’ en ello.

Partiendo que, en el año 2006, la recepción de dinero por parte de Odebrecht no significaba delito alguno y, siendo la Fiscalía un ente que tiene en su haber las fechas correspondientes a la acusación, el marco del delito que configuraría el presunto abono se encontraría prescrito en el plano jurídico. Es decir, la investigación por asociación ilícita y lavado de activos, representa una desmesurada omisión al debido proceso. Por tanto, resolvemos dos puntos importantes en el siguiente caso, de ser cierto el abono recibido por Jorge Barata: el primero es que, en el momento la acción no era tipificada como delito y, el segundo es que, si hubiese sido delito, se encontraría prescrito a la fecha.

Evidentemente, la Fiscalía cuenta en sus filas con el abogado José Domingo Pérez, sabueso de caviares, que muestra –consuetudinariamente- animadversión de tipo patológica contra aquello que representa una confrontación a sus intereses y de quienes lo dirigen. No asombra, por dicha razón, que quien desaprobó el examen de conocimientos para convertirse en juez superior, se enfoque en petardear con fútiles argumentos, desde dentro de la entidad, a los movimientos políticos que representan un cambio social cimentado en parámetros democráticos.

Recordemos que el APRA, hace algunos meses, quedó formalmente inscrito como partido político ante el JNE y en calidad de ‘habilitado’ para participar en los próximos comicios electorales. Duro golpe, sin duda, para los actuales representantes del Congreso de la República, quienes modifican sus posturas en demasía, negociando intereses personales, de por medio, con el gobierno de Dina Boluarte. De manera que, no resultaría sorpresivo el involucramiento político en conglomerado para impedir una posible participación activa del Partido del Aprista Peruano.

Por lo antes expuesto, el contexto, a pesar de ser engorroso, resulta favorable para el Partido del Pueblo. En lo que respecta a la investigación, la defensa legal de los diez supuestos implicados cuenta con los suficientes argumentos jurídicos para contrarrestar el ataque de la Fiscalía; sin embargo, ello debe acarrear una solicitud de licencia en la que suspendan sus militancias de manera transitoria, a fin de proteger al partido político al que pertenecen. Definitivamente, la presente situación no surtirá efectos devastadores ni condena alguna, pero dicha acción de desprendimiento, acercaría más al APRA a la ciudadanía, en el sentido de tornar las responsabilidades en forma individual. Es la oportunidad de empezar el nuevo camino bajo los criterios morales intrínsecos. Ello ayudará a proyectar una imagen renovada hacia el pueblo peruano que clama por un movimiento que represente los verdaderos intereses nacionales e indoamericanos.