Cuando nos referimos a personalidades del medio local, cuya influencia trasciende los límites de su oficio para ingresar a los espacios de la política, resulta inevitable adentrarnos en el orbe de los periodistas, quienes participan en grueso número y en ocasiones reiteradas. Sin embargo, cuando pretendemos enfocarnos en aquellos periodistas que fungen de actores principales en el ámbito de competencia del sistema judicial, resulta menester nombrar a Gustavo Gorriti Ellenbogen.

Precisamente, son las afirmaciones del fiscal provincial Rodrigo Rurush Castillo las que refuerzan lo anteriormente expuesto, pues revelan que el ex fiscal de la nación, Pablo Sánchez, interrumpió una diligencia, luego de una comunicación directa con Gorriti en el año 2018. Evidentemente, el historial del periodista se remonta a décadas atrás. No obstante, desde la asunción del ex presidente Martin Vizcarra Cornejo, cobra un mayor protagonismo en el plano político y judicial: dos aspectos que convergieron en la denominada ‘’politización de la justicia’’, característica principal del régimen Vizcarrista que desembocó en una encarnizada persecución a las fuerzas de oposición.

Cabe resaltar que, desde la eliminación del Consejo Nacional de la Magistratura y su posterior reemplazo por la Junta Nacional de Justicia en el año 2019, el sector liderado por Pablo Sánchez, en contribución con las directivas de Martin Vizcarra y la participación de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez, entre otros, buscaron imponer una posición aliándose con fuerzas externas al sistema de justicia, donde destaca Gustavo Gorriti. De manera que, es claro que existe una coalición con intereses en común que pretendió retomar el control de dicho estamento.

A pesar que el fundador de IDL – Reporteros argumentó que la razón de la comunicación con el fiscal Sánchez fue la de exponer una serie de irregularidades que se cometían con el fin de incautar material informativo, resulta imperioso esclarecer la atribución del susodicho en la que, omitiendo por completo el debido proceso de todo civil en situación similar, pudo contactar directamente al otrora fiscal de la nación, a través de una llamada. Asimismo, recordemos que, en aquel año, Gustavo Gorriti encabezó una densa expresión ciudadana a favor de la restitución en el cargo de Pablo Sánchez, por lo que no resultaría extraño que estos dos episodios se encuentren conectados entre sí.

Definitivamente la labor del Congreso de la República, que se adjudicará esta situación, debe ser la de desentrañar lo que ocurre en el Ministerio Público, recabar información relevante que determine si existe una injerencia exterior en las decisiones que se toman y direccionar el sistema de justicia hacia temas que engloben su competencia, alejándola de sendos personajes que la utilizan – reiteradamente - como instrumento para combatir políticamente a sus adversarios.