Hace más de un mes, cuatro militares fueron asesinados en una celada perpetrada por elementos narcoterroristas en el sector del VRAEM. Esta fue la noticia que abarcó las portadas de los principales diarios nacionales, en materia de seguridad, y suponía servir como punto de inflexión para que el gobierno liderado por Dina Boluarte, a través de los Ministerios del Interior y de Defensa, realice cambios sustanciales. No obstante, lo que se ha vislumbrado es la continuación de la mediocridad que omite todo tipo de acción que salvaguarde la integridad de los peruanos.

Para nadie es sorpresa que la alianza entre Sendero Luminoso y el narcotráfico internacional continúa predominando y representa un complemento en el que los primeros reciben un enorme financiamiento económico con el objetivo de abarcar una difusión ideológica mayor, mientras los segundos se adjudican una férrea defensa armada que traspasa los límites de la legalidad a fin de seguir enriqueciéndose. Esto forma un escenario de caos en el que, en más de una ocasión, se ha lamentado pérdidas humanas. De manera que el gobierno, al obviar implementar medidas como la interdicción aérea, retrasa el combate contra dichos bárbaros.

Por otra parte, la defensa nacional, además de circunscribirse al aspecto del terrorismo y el narcotráfico internacional, se expande y se encuentra ligado al ámbito de la inseguridad ciudadana, más comúnmente en el tipo desencadenado por parte de la delincuencia en las principales ciudades del Perú. Ante ello, se ha ejecutado un ‘’estado de emergencia’’ demagógico, en el que se pretende emular sistemas reactivos, sin tener la preparación necesaria.

Definitivamente, el hecho de expandir el estado de emergencia no surge el efecto esperado, pues dentro de estos distritos, como es el caso de San Juan de Lurigancho en Lima, malhechores detonan explosivos a diestra y siniestra generando caos, mientras otros – simplemente – se trasladan a distritos vecinos para llevar a cabo sus fechorías. Asimismo, el efecto colateral de esta medida, perjudica a un número importante de comerciantes, quienes tienen prohibido circular en distintos lugares y horas específicas, como también al sector del turismo que se ha visto detenido con estas medidas.

Es claro que el caduco gabinete Otárola no cuenta con una estrategia definida para combatir la inseguridad en el país. Las fuerzas del orden deben ser repotenciadas hacia un nivel superior. De manera que, resulta necesario desarrollar un plan de inteligencia nacional que permita a la Policía y Fuerzas Armadas luchar contra el narcoterrorismo, descomponer redes criminales e identificar la totalidad de zonas en crisis. Una vez realizado ello, empieza a existir la posibilidad de instaurar el estado de emergencia y aumentar el número de efectivos policiales para que realicen una labor mucho más efectiva en pro de la población.